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Ei martes 1 de julio de 2014 se inauguraba la exposición con las obras de los alumnos de Pedro Lobato Hoyos en la Sala de Exposiciones del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en el Edificio del San Juan de Letrán en donde se podrán visitar durante el mes de julio y agosto en el horario de apertura del mismo, esto es, de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas y los festivos en horario de mañana de 10 a 14 horas, permaneciendo cerrado tanto los domingos como los lunes.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio destinada a aclarar la competencia de los Ayuntamientos en materia de seguridad vial.

Con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, la imagen, bastante extendida, de que con frecuencia las multas se imponen con un objetivo recaudatorio destinado a financiar el gasto público municipal, en el marco de la IV Jornada de Seguridad Vial organizada el pasado año 2013 por esta Institución, anunciábamos, y de acuerdo con ello hemos iniciado, la queja de oficio 13/6365, ante diversos municipios de la Comunidad Autónoma.

En la mencionada queja proponíamos, por vía de Sugerencia, es decir con carácter voluntario y no preceptivo, que los Ayuntamientos destinaran, al menos, una cuantía equivalente a lo recaudado a fines relacionados con la seguridad vial respetando, lógicamente, el principio de unidad de caja. Pues bien, algunos Ayuntamientos nos han planteado que, en la actualidad y después de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Recaudación y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL), los Ayuntamientos carecen de competencia en materia de seguridad vial.

A la vista de ello y con independencia de que la inmensa mayoría de los Ayuntamientos han respondido favorablemente a nuestra Sugerencia, manifestándonos muchos de ellos que destinan a seguridad vial una cantidad muy superior al importe recaudado con motivo de la imposición de multas de tráfico, hemos mostrado nuestra total disconformidad con el criterio mantenido por algunos Ayuntamientos que han manifestado que carecen de competencia en el ámbito de la seguridad vial como consecuencia de la entrada en vigor de la LRSAL.

Ello por cuanto, para nosotros, el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en lo sucesivo LRBRL), establece con claridad, en su apartado 2, que el municipio actuará en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

«d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. (...)

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano».

Es difícil, dado el tenor literal del precepto, estimar que los Ayuntamientos carecen de competencias en materia de seguridad vial.

De acuerdo con ello y sin ánimo de insistir más en este tema, respecto de aquellos Ayuntamientos que consideran que los municipios, en la actualidad, carecen de competencias en el ámbito de la Seguridad Vial, a no ser que les sean delegadas, tenemos que recordar en qué consiste a nuestro juicio la Seguridad Vial.

En este sentido, nosotros entendemos que dentro de este concepto deben caber cuantas medidas de naturaleza normativa, ejecutiva, formativa, se puedan adoptar con la doble finalidad, de un lado, de prevenir accidentes de tráfico, procurando en la medida de lo posible que no se produzcan o que, al menos, disminuyan y, por otro lado, que los efectos que se deriven de tales accidentes se minimicen. Así las cosas y en lo que concierne a los Ayuntamientos, de acuerdo con sus competencias especificas, sin necesidad de delegación, consideramos que inciden directamente en la seguridad vial, con el doble objetivo mencionado, entre otras las siguientes medidas:

La conservación y correcto mantenimiento de las vías públicas (pavimento, pintura, etc.), el buen estado y localización acertada, en términos de racionalidad técnica y suficiencia, de la señalización horizontal vertical y semafórica, el diseño de las rotondas, cruces y otros espacios de intersección de vehículos, la instalación de radares, cámaras de vigilancia, limitadores de velocidad, badenes, la adecuada formación en esta materia de los agentes de la Policía Local con criterios de formación permanente, la adecuación y acierto en términos de eficacia, eficiencia y seguridad de la regulación y ordenación del tráfico en nuestros municipios, la presencia de la Policía Local en lugares en los que se puedan generar especiales situaciones de riesgo (colegios y centros educativos), la aplicación de medidas técnicas y medios personales destinados a mejorar la vigilancia y control de las normas de tráfico contenidas en la Ley de Seguridad Vial y el Código de Circulación.

En fin, nos hemos limitado a mencionar algunas de las medidas que dentro de la cláusula competencial del art. 25 de la LRBRL, se pueden adoptar por los Ayuntamientos y que creemos afectan al núcleo mismo de la seguridad vial en el espacio urbano.

Por tanto, a tenor de lo establecido en los apartados citados del art. 25 y en las distintas normas que, como en la Ley de Seguridad Vial o como el Reglamento General de Circulación, atribuyen clara competencia a los municipios en esta materia, no podemos sino recordar a los Ayuntamientos que rechacen su competencia en materia de Seguridad Vial que, de acuerdo con lo establecido en el art. 12.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; «la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia.»

Cuestión distinta, aunque en cierta medida relacionada con la anterior, es la relativa a si los Ayuntamientos pueden desarrollar actividades relacionadas con la educación vial.

Sobre esta cuestión, únicamente el Ayuntamiento de Córdoba nos ha planteado que “las competencias sobre educación (incluyendo la vial) dejan de ser una de las que puede ejercer como propia el municipio. Por tanto, para que el Centro de Educación Vial que desde hace años gestiona esta entidad pueda seguir en funcionamiento, tendrá que suscribirse el oportuno convenio con la DGT, donde ésta deberá suministrar sobre todo apoyo material”.

El hecho de que algunos Ayuntamientos puedan considerar que después de la entrada en vigor de la LRSAL carecen de competencia para impartir educación vial y que sólo pueden ejercerla por delegación de la DGT y siempre que tal delegación se acompañe de los medios necesarios para ejercer tal competencia, causa gran preocupación en esta Institución.

Ello, fundamentalmente porque, partiendo de nuestra experiencia tras diversos contactos mantenidos con las delegaciones municipales con competencia en movilidad, con los agentes de la policía local, la Red de Fiscales de Seguridad Vial de Andalucía, tenemos la convicción de que la educación vial dirigida a la formación de menores en la escuela y, por supuesto, también en otros segmentos de edad y la familia es extraordinariamente importante para conseguir ese doble objetivo que ya hemos mencionado, que justifica la adopción de medidas en este ámbito.

Pues bien, sin el concurso de los Ayuntamientos, que cuentan con medios personales y fondos para esta finalidad y, en muchos casos, con infraestructuras y medios diseñados «ad hoc» para impartir la educación vial, se generaría un detrimento importante en la formación de la población en una cuestión tan vital, en el día a día, como es la prevención en la seguridad vial. Al mismo tiempo, no parece muy probable que la DGT vaya a firmar convenios con todos y cada uno de los municipios que imparten formación en este ámbito y facilitar los medios financieros para ello.

En consecuencia si la conclusión es que, a no ser que se adopten las medidas oportunas, la mera entrada en vigor de la LRSAL impide que los Ayuntamientos puedan continuar realizando esa labor, creemos que debe articularse el marco en el que sea posible continuar con esa actividad en el nuevo escenario normativo creado por la reforma del art. 135 de la Constitución, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la tantas veces citada LRSAL y la LRBRL.

Así las cosas, debemos partir de que la nueva normativa tiene como objetivos fundamentales evitar duplicidades, bajo el principio de “una Administración, una competencia”, y alcanzar los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Partiendo de esos objetivos se aborda la regulación de las competencias de las Administraciones Locales.

A resultas de ello, entre otros preceptos que se han suprimido o modificado, se ha dejado sin efecto el art. 28 LRBRL, que establecía que «Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad, y la protección del medio ambiente». De hecho, en materia de educación, las competencias quedan reducidas, a aquellas obtenidas mediante delegación y a las previstas en el apartado 2.n) del art. 25 LRBRL. A ello habría que añadir las previstas, por delegación de la Administración del Estado y/o de las de las Comunidades Autónomas, previstas en el art. 27.3.e) LRBRL. Además, la delegación que se realice deberá cumplir las exigencias y condiciones previstas en el art. 27 LRBRL.

Sin perjuicio de ello, cabría otra posibilidad, y es considerar que la actividad que comentamos se podría encuadrar entre las denominadas, por la LRSAL en su Preámbulo, “distintas de las propias o de las atribuidas por delegación”, pero en todo caso debe cumplir el municipio con las exigencias de sostenibilidad financiera y no incurrir en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público entre Administraciones. Así lo exige el art. 7.4 LRBRL en su nueva redacción operada por la LRSAL (artículo primero, tres).

Por tanto, es muy previsible que infinidad de municipios no puedan ejercer las funciones que venían desarrollando en este ámbito por no obtener una delegación, o por no reunir los requisitos exigidos por el art. 7 LRBRL.

Como tercera vía, tal vez cabría también la posibilidad de considerar que la formación en el ámbito de educación vial no es como tal una materia ajena a la competencia de seguridad vial que poseen los Ayuntamientos a tenor de lo establecido en el art. 25 LBRL y, de acuerdo con ello, estimar que se trataría de una actividad conexa o complementaria de tal competencia y por tanto considerarla como propia. En este caso, sin perjuicio del respeto al principio de suficiencia financiera no sería necesaria una delegación de la DGT, ni acreditar la no duplicidad pues se trataría de una atribución competencial operada «ex lege».

Cualquiera que sea la interpretación que se mantenga, lo cierto es que parece que se ha generado una cierta inseguridad jurídica sobre la posibilidad legal de que los ayuntamientos puedan continuar prestando algunos de los servicios, que no acaba de estar clarificada, y si resultan afectados o no por las limitaciones impuestas por la LRSAL. Tal sería, en nuestro caso, la formación en el ámbito de la seguridad vial según lo respondido, como decíamos al principio, por algunos ayuntamientos.

A la vista de ello creemos muy necesario dilucidar cuanto antes esta cuestión tanto por razones de seguridad jurídica en el «modus operandi» de los Ayuntamientos, como por motivos de interés publico dada la trascendencia que posee la continuidad en la prestación de este servicio.

Por ello, nos hemos dirigido a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y una vez que recibamos su información, valoraremos la situación y, en su caso, si lo consideráramos necesario, llevaríamos a cabo una actuación ante la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y/o Defensora del Pueblo de las Cortes Generales para aclarar la situación en la que va a quedar la prestación del servicio destinado a la formación y educación vial que consideramos imprescindible para nuestra sociedad.

Durante los meses de julio y agosto de 2014 se podrá visitar la nueva exposición de pinturas de Antonio Rodríguez Agüera, titulada "La Desbandá, sombras olvidadas en el tiempo".

 Se abrirá al público en el Claustro del Convento de Capuchinos, compuesta por los veinte cuadros que ha estado realizando durante los últimos meses en nuestras instalaciones, como hemos venido regularmente informando. 

A dichos lienzos se sumará uno más, a modo de presentación de la exposición, y un autorretrato. 

La inauguración tendrá lugar el próximo viernes 4 de julio a partir de las 20:00 horas, y la presentación correrá a cargo de Manuel Mateos Coronil.

El Partido Andalucista, representado por José Antonio Bautista, edil integrante del grupo municipal del PA, ha anunciado la puesta en marcha de una campaña reivindicativa también en Ubrique en torno a Sanidad, tal y como ya se ha iniciado a nivel regional. Según indicó, se trata de distintas actuaciones “contra los recortes sanitarios” y a nivel local además para reclamar el cumplimiento de mejoras prometidas como la prestación de consulta de especialistas o el nuevo Centro de Salud.

En otro orden de cosas, Bautista anticipó la presentación  de una moción en el Ayuntamiento para que los arqueólogos que están desarrollando los trabajos de rehabilitación en Ocuri se encarguen de realizar un estudio para dar solución a la problemática de la Calzada Romana, y que aúne tanto la protección y puesta en valor del patrimonio, como una respuesta a las reclamaciones de los vecinos.

En este mismo sentido, instó al Ayuntamiento a que siga pidiendo respuestas ante la Junta de Andalucía en relación a temas como la Variante o las medidas frente a inundaciones en Coto Mulera.

Sobre el Plan Emple@ Joven, José Antonio Bautista considera que los proyectos solicitados por el gobierno local no son los más adecuados, ya que de las 51 plazas previstas sólo 3 se ajustarán al perfil de licenciados, mientras que sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipales, criticó falta de información por parte del equipo de gobierno.

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"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.

No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas.

El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política.

No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales". Bertolt Brecht


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TASA PARO:13 DE DICIEMBRE DEL 2017

ESPAÑA:--------------3.731.700------------------------16,38%
ANDALUCIA:----------1,005.600 -----------------------25,41%
CÁDIZ:--------------------159.500------------------------27,61%
UBRIQUE:---------
----------2.569--------------------------37.00%

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Editor:Esteban Ruiz Ortega
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